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Varios aspectos pueden motivar la ruptura del vínculo matrimonial, uno de ellos sería el incumplimiento de los deberes derivados del matrimonio, la infidelidad se encuadra en este contexto, que quedó extinguido de la jurisdicción penal y también de la culpabilidad por motivación para solicitar el divorcio, con la entrada en vigor de la Enmienda Constitucional 66, de 13 de julio de 2010. Antes de la ruptura del deber conyugal y el fin del matrimonio, el cónyuge traicionado puede recurrir al Poder Judicial para obtener una indemnización, alegando haber sufrido vergüenza, sufrimiento o cualquier otro tipo de daño moral derivado del acto de infidelidad cometido por el cónyuge violador, pero queda por saber y analizar cuando se trata realmente de la configuración del daño moral o si el cónyuge traicionado no es sólo querer tener una aplicación de castigo, antes de que el acto infiel del que fue víctima.