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La piratería marítima sigue haciendo estragos en el Golfo de Guinea y el Océano Índico occidental. El análisis del marco jurídico vigente revela que este delito se atribuye principalmente a la insuficiencia de los dispositivos formales instituidos por los Estados en los distintos niveles de gobernanza. También existen importantes deficiencias en las capacidades institucionales y operativas de los Estados afectados. Este estudio pretende demostrar que los convenios internacionales específicos, como el Convenio de Montego Bay de 1982 y el Convenio SUA de 1988, tienen una influencia decisiva en la definición y la represión de la piratería marítima en los ordenamientos jurídicos nacionales. La inadecuación de los textos jurídicos a diferentes niveles constituye, pues, un obstáculo importante para una represión eficaz. Además, es esencial subrayar la importancia de los marcos regionales y de las legislaciones nacionales, indispensables para establecer mecanismos de represión adecuados contra los actos de piratería. Este análisis plantea a continuación la cuestión de la viabilidad de ampliar el régimen jurídico de la piratería para que se aplique a las aguas territoriales.
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