Las principales conclusiones del estudio son que Namibia ha cumplido en gran medida sus obligaciones de protección de los refugiados en cuestiones relacionadas con el proceso de acogida y los derechos socioeconómicos. Ha permitido el acceso a su territorio a las personas obligadas a huir, ha desarrollado un sistema justo de reconocimiento de los refugiados y ha facilitado los documentos necesarios. Además, ha salvaguardado los derechos económicos y sociales de los refugiados, especialmente en la prestación de servicios educativos y sanitarios. Sin embargo, esto no ha estado exento de omisiones. Ha aplicado una política de acampada que ha limitado la capacidad de los refugiados para disfrutar de una serie de derechos, como la capacidad de moverse libremente y acceder a actividades económicas remuneradas. Por último, ha restringido el derecho de los refugiados a la vida asociativa, especialmente si dichas asociaciones tienen como objetivo criticar al gobierno o exigir un mejor trato.