La defensa de la democracia como valor a salvaguardar en el Parlamento requiere la institucionalización de mecanismos tanto de elección de los representantes como de control de su comportamiento durante el ejercicio de sus mandatos, con vistas a producir en ellos una acción dedicada a la consecución de bienes colectivos. Para ello, debe evaluar incentivos y riesgos desde un contexto en el que coexisten, influyéndose mutuamente, la herencia de la experiencia histórica y cultural y la eficacia de las instituciones formales actuales. El caso analizado en este libro muestra no sólo la búsqueda por parte de los parlamentarios de vías para potenciar el uso clientelar de sus mandatos en favor de su éxito electoral, sino también la insuficiencia de cualquier cambio institucional aislado para un cambio sustancial en el comportamiento de los agentes insertos en una determinada trayectoria.
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