La colaboración público-privada facilita la inyección de capital privado y experiencia para la pronta realización de proyectos de infraestructuras tanto en economías desarrolladas como en desarrollo. Acaba con la percepción negativa de los inversores privados sobre los riesgos de los proyectos de infraestructuras. La colaboración público-privada implica una responsabilidad compartida entre los inversores públicos y privados para ejecutar proyectos de infraestructuras mediante una asignación adecuada de recursos, riesgos y beneficios en el marco de un contrato jurídicamente vinculante. Esto puede implicar la financiación, el diseño, la construcción, la renovación, la gestión o el mantenimiento de los activos de infraestructura.
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