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El creciente interés por el uso de la contractualización en la Administración Pública demuestra una evolución en la forma de percibirla, pues si bien la Administración Pública sigue siendo considerada como una Administración autoritaria, en la actualidad busca formas de actuación administrativa alternativas al típico estatuto autoritario plasmado en el acto administrativo, recurriendo con frecuencia a una forma de actuación administrativa pactada: el contrato administrativo.Lo cierto es que, a pesar de las dudas iniciales sobre la admisión de la figura del contrato en el ámbito del Derecho Administrativo, la posibilidad de que la Administración Pública se obligue a través de contratos se remonta a tiempos remotos.No obstante, la Administración Pública no ha renunciado a sus potestades públicas de autoridad, porque la persecución del interés público exige que su actuación sea administrativa, aunque sea contractualmente.El régimen jurídico actual se caracteriza, por tanto, por la combinación de la autoridad y supremacía de la Administración Pública, por un lado, y el consenso y el pacto, por otro.
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