A finales del año 2020, se cumplió el décimo aniversario de la entrada en vigencia de la Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público y su Reglamento, siendo oportuno realizar una retroalimentación jurídico-práctica entre los logros obtenidos y las metas para el porvenir de las contrataciones públicas en Nicaragua. Ambas normas trajeron consigo avances que fortalecieron significativamente la transparencia en la gestión estatal, y a la vez han acarreado una serie de dificultades que pueden deberse tanto a contradicciones o vacíos en las referidas normas como a inconsistencias entre lo dispuesto en las mismas y la realidad práctica del día a día.