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La empresa es un actor económico omnipresente en nuestras sociedades contemporáneas. Sin embargo, su fiabilidad no es un hecho. De hecho, suele recurrir a operaciones de concentración no sólo para aumentar su crecimiento económico, sino también para hacer frente a las dificultades que encuentra y que, a falta de soluciones inmediatas, podrían hacerla desaparecer. Estas operaciones de fusión no están exentas de consecuencias para los contratos que constituyen para la empresa un instrumento privilegiado en sus relaciones con su personal y sus socios económicos. Obviamente, ningún texto especifica exactamente lo que ocurre con los contratos después de estas operaciones. El legislador de la OHADA, en la Ley Uniforme sobre el Derecho de las Sociedades Comerciales y de las Agrupaciones de Interés Económico (AUSCGIE), afirma el principio de transmisión universal del patrimonio de la sociedad disuelta que, para gran parte de la doctrina, constituye la base de la continuación de los contratos por ministerio de la ley. El recurso al Derecho común de las obligaciones y al Derecho de los contratos especiales permite tener en cuenta todos los requisitos legales.
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