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Las tarifas resultan una cuestión paradigmática en el actual modelo de los servicios públicos, por su incidencia en la realidad de la economía nacional y de las políticas públicas. Esta problemática compromete los derechos constitucionalizados de los distintos sujetos que participan en la prestación: tanto los de los usuarios y consumidores como los de los prestadores privados, los del interés general como los del Estado y sus órganos de control. Y en particular ha justificado la intervención del Poder Judicial en todas las instancias.