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La corrupción es una de las lacras más dramáticas que asolan el mundo globalizado. Debilita la legitimidad política, provoca el despilfarro de recursos, afecta al comercio internacional y al flujo de inversiones. Cabe señalar que la Constitución Federal de 1988 preveía diversos mecanismos de control para evitar, entre muchos males, la corrupción. En el actual orden constitucional encontramos, además de los órganos jurisdiccionales que cumplen la función de aplicar y distribuir justicia, los Tribunales de Cuentas y las Comisiones Parlamentarias de Investigación para fiscalizar la administración pública. No se puede olvidar el órgano jurisdiccional más importante de la república, que es el Tribunal Supremo, que además de ser el guardián de la Constitución es el foro competente para el enjuiciamiento de los ocupantes de los cargos políticos más relevantes de la nación y tiene la función de castigar y dar ejemplo a otros órganos dada su relevancia para el mantenimiento del estado democrático de derecho.