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La Administración Pública tiene como objetivo perseguir el interés público, que tiene primacía sobre los intereses privados. Esta primacía hace que la Administración Pública posea ciertas prerrogativas de autoridad, que le permiten imponer a los particulares las soluciones que mejor sirvan al interés público, aun sacrificando los intereses de los individuos. En este contexto, y por lo que respecta a los sistemas administrativos continentales, como es el caso de los sistemas portugués y español, se justifica la existencia del privilegio de la ejecución previa, es decir, la facultad de la Administración Pública de imponer sus decisiones a los particulares, sin necesidad de recurrir previamente a una instancia judicial. El Derecho Administrativo está fuertemente conectado con el Derecho Constitucional, ya que ambos presuponen el ejercicio del ius imperii del Estado sobre los individuos (son ramas del Derecho Público), habiendo surgido al mismo tiempo, es decir, tras la revolución francesa, bajo las banderas de la libertad, la igualdad y la fraternidad.