El Tribunal ha desempeñado un papel clave en la determinación de las características de las actividades públicas. Su interpretación también ha sido crucial en la cuestión de la financiación de los SIEG y en las posibilidades de gestionar este tipo de servicios bien a través de una autoridad o cuasi autoridad pública, bien mediante delegación. A pesar de su resistencia, el legislador francés se vio obligado a abandonar su filosofía de derecho público por el aumento impuesto del lugar del derecho comunitario en su sistema normativo. Los enfrentamientos ideológicos que sistematizaron la relación entre Francia y Europa al principio de la política de liberalización de los servicios de red dan paso ahora a una reflexión sobre la optimización de los métodos de gestión de los servicios de carácter económico de interés general. El debate actual sobre la práctica de la delegación se refiere a los medios jurídicos que permiten a dos socios, público y privado, beneficiarse del potencial de su asociación.
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