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La acción pública consiste en aplicar el derecho penal a los autores del delito, pero también en tratar de reparar el daño causado a la sociedad. De ello se encarga el fiscal, que actúa en nombre y por cuenta de la sociedad. Esto permite luchar contra la impunidad en un Estado. Toda persona que haya cometido un delito en un Estado que se precie de ser un Estado de Derecho está sometida al rigor de la ley, cualquiera que sea su estatuto en el momento del delito, antes o después del mismo, o en el momento del enjuiciamiento. Interesarse por el estatuto del presunto delincuente es, en cierto modo, favorecer la impunidad de una categoría de personas. Es cierto que la RDC se proclama a menudo como un Estado de derecho, en el que el procesamiento de determinadas personas está supeditado a una autorización previa, y en los casos en que no se requiere autorización, estas personas tienen la posibilidad de suspender el procesamiento, sea cual sea el nivel de enjuiciamiento. Esto se aplica en particular a los parlamentarios, miembros del Gobierno, etc.
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