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En virtud de los tratados internacionales de derechos humanos, los Estados son responsables de garantizar el respeto y el pleno disfrute de los derechos humanos a todos los ciudadanos de sus respectivos Estados. Bangladesh ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) en 2000 y también todos los principales tratados internacionales de derechos humanos. Sin embargo, nunca ha tomado iniciativas para presentar informes a los órganos de tratados de la ONU correspondientes al PIDCP, al PIDESC y a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, a pesar de que todos los Estados Partes tienen la obligación de presentar sus informes nacionales en el plazo de un año desde su entrada en vigor. Sin embargo, debido a la falta de voluntad y compromiso políticos, las normas e instituciones democráticas y las libertades civiles no se han institucionalizado en Bangladesh. La población no puede ejercer libremente y sin restricciones los derechos democráticos y las libertades civiles que garantiza la Constitución. Sigue habiendo importantes debates sobre la eficacia de las funciones del poder ejecutivo, legislativo y judicial, y la falta de responsabilidad política y administrativa y de transparencia. Todas estas cuestiones son las razones de los graves abusos y violaciones de los derechos humanos y del Estado de Derecho y de la falta de igualdad de acceso a la justicia.
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