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La acción de repetición es concebida como el medio judicial que la Constitución y la ley le confieren a la Administración Pública para obtener el reintegro de las indemnizaciones que ha tenido que pagar efectivamente a los particulares como resultado de una sentencia judicial a causa de los daños antijurídicos que les haya generado y los cuales han sido responsabilidad de sus funcionarios o exfuncionarios por su actuar doloso o gravemente culposo. En la actualidad, el Estado Colombiano enfrenta una alta litigios idas, lo que en consecuencia le ha conllevado a pagar grandes sumas de dinero que no han sido posibles recuperar, aun cuando para tal fin está prevista constitucionalmente la acción de repetición, reglada desde el año 2001 a través de la ley 678.