El libro aborda las peculiaridades de la Ley de Licitaciones y sus matices en relación con las actividades prácticas en la búsqueda de la garantía del bien común y del interés público. En concreto, trata de demostrar que la legislación relativa a la contratación pública es capaz de prestar este servicio, siempre que se aplique de conformidad con las disposiciones contenidas en los principios constitucionales y el ordenamiento jurídico nacional, culminando en la consecución del noble principio de la Eficiencia Pública. El objetivo fue aclarar aspectos de la legislación que repercuten en los resultados obtenidos por el Estado y, consecuentemente, en la calidad de los servicios ofrecidos a la sociedad como un todo. Denuncia posibles fallos o comportamientos que interfieren sustancialmente en su grado de eficacia pública. Desde un punto de vista global, analiza los principales vicios que distorsionan las prácticas públicas y sientan las bases para la mala gestión y la malversación de los recursos públicos. Subvenciona las prácticas que persiguen, dentro de la legalidad, la obtención de mejores resultados y la consecución de los objetivos primordiales del Estado, que se reflejan en la solidificación de la Administración Pública como garante del orden y el progreso social.
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