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El Acuerdo de Basilea de 1988 se estableció bajo los auspicios del Banco de Pagos Internacionales (BPI) para regular, a través de las autoridades monetarias o los bancos centrales, la constitución de capital y evitar distorsiones de carácter competitivo a los bancos que operan a escala internacional. La normativa adoptada entonces afectaba principalmente a los bancos del G-10, pero pronto se amplió su ámbito de aplicación y el Acuerdo de Basilea se convirtió en un instrumento para promover la convergencia internacional de las normas de capital. Sin embargo, con el paso de los años, sus limitaciones conceptuales y las innovaciones financieras que han ido surgiendo han creado oportunidades de arbitraje que los bancos han sabido aprovechar. Al reducirse su eficacia, la revisión de este acuerdo se hizo inevitable. Esto ha impulsado un proceso de consulta, dirigido por el Comité de Basilea del BPI, a favor de una nueva reconfiguración de las normas de capital bancario establecidas en el nuevo Acuerdo de Basilea.