El imperativo de respetar la soberanía de los Estados y garantizar la protección de los derechos humanos no son fáciles de conciliar. Cuando se pretende proteger la soberanía del Estado, existe el riesgo de que se violen los derechos humanos. A la inversa, la protección de los derechos humanos implica una limitación o incluso un borrado de la soberanía estatal. Este documento demuestra en primer lugar que los principios de soberanía y no injerencia son un obstáculo para la aplicación efectiva de los derechos humanos. Así, el Estado soberano no puede garantizar la protección efectiva de los derechos humanos frente al escrutinio exterior. En segundo lugar, demuestra que, para garantizar una mejor protección de los derechos humanos, es necesario limitar la soberanía de los Estados; esto es lo que justifica la injerencia democrática y humanitaria. Por último, destaca los riesgos que las intervenciones ilegales, inoportunas y mal gestionadas pueden suponer para el Estado soberano y para la paz y la seguridad internacionales.
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