El advenimiento de la lucha contra el terrorismo como uno de los principales objetivos internacionales tras el 11-S y la subsiguiente proliferación de nuevas leyes antiterroristas por parte de los Estados supuso un nuevo reto para los derechos humanos, especialmente los derechos civiles y políticos. Los análisis de las leyes antiterroristas de algunos países, especialmente en los países en desarrollo, muestran dos impactos principales de la ley antiterrorista sobre los derechos humanos. El primer impacto es que las leyes antiterroristas posteriores al 11 de septiembre se vuelven amplias y otorgan poder discrecional a la policía y a las fuerzas de seguridad, lo que a su vez conduce a la violación arbitraria de los derechos fundamentales de los sospechosos de actos terroristas. El segundo aspecto, y el más preocupante, es que algunos países en desarrollo están utilizando la Ley Antiterrorista como tapadera para controlar la disidencia política, la sociedad civil, los medios de comunicación y a activistas individuales críticos con el gobierno.
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