La Justicia Electoral brasileña, especialmente el Tribunal Superior Electoral, viene haciendo uso creciente de la llamada potestad normativa, mediante la emisión de resoluciones en materia electoral, las cuales, en principio, deben tener carácter reglamentario, es decir, aclarar y viabilizar las disposiciones legales, pero sin restringir derechos ni establecer sanciones no previstas en la respectiva ley. Por tratarse de una competencia normativa ejercida por una rama del Poder Judicial, cuya función principal es jurisdiccional y no legislativa, el libro analiza su compatibilidad con los principios constitucionales de separación de poderes y de legalidad, cuáles son los límites formales y materiales al ejercicio de esa actividad, y los instrumentos adecuados para invalidar los actos que eventualmente excedan esos límites. Finalmente, investiga cómo el Supremo Tribunal Federal ha enfrentado las cuestiones relacionadas con este tema.
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