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El presente artículo, parte de la realidad observable que los tribunales penales de control de nuestro país no aplican el principio de inocencia de manera adecuada y sostenida como debería de hacerse en un Estado de Derecho y Justicia. Esto quizás, desde el punto de vista del autor de este artículo, obedece en parte, a la resistencia al cambio de una vieja cultura inquisitiva, soslayada en el tiempo, manteniéndose con mucha fuerza, y, por otro lado, la insuficiencia en el conocimiento de los aspectos intrínsecos y de los nuevos constructos que devienen de la cultura del diferente modelo penal garantista, como lo es el acusatorio. Soportado por el vigente Código Orgánico Procesal Penal del año 1998, donde destaca de manera expresa el principio de inocencia el cual separa de forma fundamental ambos sistemas; convirtiéndose en un principio informador del actual proceso penal venezolano.