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El 10 de junio de 2011 se publicó en México un importante decreto de reformas constitucionales que transformó la centenaria categorización de los derechos fundamentales y sus mecanismos de protección y tutela como garantías individuales, para considerarlos en adelante como derechos humanos. El decreto instituyó un sistema manifiesto de reconocimiento y control de la convencionalidad internacional en materia de derechos humanos e incorporó el principio pro homine o pro personae para dejar claro que el derecho debe interpretarse y aplicarse siempre de la manera que más favorezca a las personas. Con ello quedaron sentadas las bases para la edificación de una nueva juridicidad -que ha venido desarrollándose jurisprudencialmente poco a poco- centrada en el ser humano como sujeto principal del orden jurídico nacional visto en una perspectiva internacional.