El sector privado ha desempeñado y sigue desempeñando un papel decisivo en la configuración de las políticas relativas a los bienes basados en el conocimiento. El resultado es una batalla desigual entre el acceso al conocimiento y el cerramiento que favorece al segundo sobre el primero. Un escenario tan desequilibrado afecta principalmente al Sur, pero tiene implicaciones para el público de todo el mundo. La Agenda para el Desarrollo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que ha sido defendida y diseñada por los gobiernos de los países en desarrollo en colaboración con una coalición de gobiernos, académicos, sociedad civil y ONG de interés público tanto del Norte como del Sur, es un intento de equilibrar este escenario. Sin embargo, la Agenda de Desarrollo está encontrando oposición y, a pesar del carácter único de la coalición que la respalda, el resultado es incierto.
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