El Tribunal Supremo Federal y los pactos republicanos
La jurisdicción constitucional como orden público
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Desde la promulgación de la Enmienda Constitucional 45, de 30 de diciembre de 2004, los tres poderes del Estado han establecido compromisos normativos, administrativos y jurisdiccionales con el objetivo de ofrecer a los ciudadanos un servicio judicial más eficaz y veraz. Para ello, celebraron los Pactos Republicanos, que consisten en una serie de cambios en la legislación procesal civil, penal y laboral, así como en directrices administrativas, con el fin de concretar el derecho fundamental a una duración razonable de los litigios planteados ante el Poder Judicial. A partir de una investi...
Desde la promulgación de la Enmienda Constitucional 45, de 30 de diciembre de 2004, los tres poderes del Estado han establecido compromisos normativos, administrativos y jurisdiccionales con el objetivo de ofrecer a los ciudadanos un servicio judicial más eficaz y veraz. Para ello, celebraron los Pactos Republicanos, que consisten en una serie de cambios en la legislación procesal civil, penal y laboral, así como en directrices administrativas, con el fin de concretar el derecho fundamental a una duración razonable de los litigios planteados ante el Poder Judicial. A partir de una investigación en la que se realizó una evaluación cuantitativa y cualitativa de las decisiones del Tribunal Supremo, el objetivo de este trabajo es reconocer estos compromisos públicos como un ejemplo de política pública aplicada y, tras analizarlo desde el ángulo de la participación del Tribunal Supremo en la realización de este derecho-garantía, concluir que aún queda mucho por hacer.
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