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Toda reflexión sobre el hombre y sus relaciones en sociedad tiene una dimensión universal, una vocación universal y pretensiones universalistas. El derecho a la educación es un derecho fundamental consagrado en el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) de 1948 y en los artículos 13 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de 1966, así como en convenios regionales y específicos de derechos humanos. Sin embargo, a pesar de estar formalmente consagrado, el derecho a la educación se viola en ocasiones, a pesar de la contribución de las Naciones Unidas y sus organizaciones especializadas para garantizar la educación para todos. No cabe duda de que el carácter programático de este derecho, defendido por algunos autores para refutar su justiciabilidad, constituye un límite a su universalismo. El movimiento hacia la justiciabilidad observado en las decisiones dictadas por órganos judiciales y cuasijudiciales nacionales, regionales e internacionales permite albergar la esperanza de que el universalismo del derecho a la educación no sea una quimera.