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En esta obra se analiza la pertinencia y necesidad respecto de la implementación de los juicios orales en México, en concreto, en la Ciudad de México; a partir de la reforma hecha a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008. Hasta antes de esta reforma, México contaba con un sistema de justicia penal preponderantemente escrito, pero con grandes bondades, incluso, los principios que regían en aquél proceso, como lo son el de publicidad, inmediación, contradicción y concentración, ya se encontraban inmersos en la legislación local. Es cierto, el sistema de justicia penal mexicano presentaba deficiencias, no obstante, las mismas pudieron ser subsanadas mediante diversas acciones pero sin llegar a una reforma constitucional. A lo largo de la obra se analizan los motivos económicos y políticos que impulsaron la reforma constitucional con la cual se introdujeron los "juicios orales" en el sistema de justicia penal mexicano, y concretamente en la Ciudad de México. Finalmente, se plantean distintas soluciones a las deficiencias que permeaban en el sistema penal mexicano hasta antes de 2008.