El intento de Fernando VI de implantar la Única Contribución, un impuesto que afectaría a todas las clases sociales y localidades de Castilla, requería de un catastro para conocer los bienes y rentas de la población, de tres cuartas partes de la España actual. Aprobado en 1749 y desarrollado en los años siguientes, es la base para comprender la socioeconomía del momento. Y de la múltiple documentación conseguida se hace uso de las Respuestas Generales y de tres censos, de Población, Ganadero y Servicios Profesionales y Rentas del Trabajo. A los datos se aplica la complementación y un análisis a escalas territorial, desde Castilla a los ejemplos que muestran su diversidad interna, de provincias, partidos, demarcaciones y localidades. Los objetivos están marcados por las fuentes, la población, ganadería y apicultura, con el propósito de proporcionar la radiografía de esas realidades a mediados del siglo XVIII.