La educación es una prioridad máxima para las organizaciones mundiales porque es un derecho humano básico, igual para todos los individuos independientemente de su nacionalidad, raza, religión y sexo. Constituye una base para la paz mundial y el desarrollo sostenible, y refuerza la resistencia y la capacidad de los sistemas nacionales. Los líderes mundiales de la educación, como la agencia especializada de las Naciones Unidas UNESCO, abogan por la accesibilidad de la educación y la igualdad del derecho humano a ser educado en todos los países del mundo. Pero en la práctica, las diferencias de género en el proceso educativo y en los sistemas jurídicos de muchos países son dramáticas. Aquí nos encontramos con los aspectos religiosos frente a los seculares de esta cuestión, que estimulan la igualdad de género. En otras palabras, por un lado, el mundo progresista reconoce el derecho de ambos géneros a estudiar; por otro, los sistemas legislativos y la actitud religiosa crean ciertos obstáculos para la educación femenina. Prácticamente significa que las leyes y normativas de varios países fomentan la discriminación y la desigualdad de género institucionalizadas. Aunque la situación de la educación femenina ha mejorado mucho en la última década, las niñas siguen sufriendo las peores formas de exclusión.
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