La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) existe desde los años 70 y 80, cuando los tratados internacionales empezaron a imponer requisitos de EIA más amplios y detallados. En la actualidad, la EIA se ha convertido en un aspecto de la legislación medioambiental nacional e internacional que obliga a los Estados a no emprender actividades sin tener en cuenta previamente sus efectos sobre el medio ambiente. El capítulo 22 de la Agenda 21 y el artículo 8(h) de la declaración sobre los bosques proclaman de forma similar la necesidad de evaluar el impacto ambiental de determinadas actividades previstas. Las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 14 del Convenio sobre la Diversidad Biológica abordan tanto los aspectos nacionales como internacionales de la cuestión. El principio 17 de la Declaración de Río amplía la norma de evaluación previa de las actividades potencialmente perjudiciales para incluir aquellas actividades que tienen repercusiones dentro de un Estado. Uganda ha firmado y ratificado todos estos tratados, que debe hacer cumplir. Este estudio evalúa el cumplimiento por parte de Uganda de la evaluación de impacto ambiental de sus proyectos de desarrollo: Un estudio de caso del proyecto de palma aceitera en las islas Ssesse.