La evaluación, que se explica en la normativa legal como un proceso que regula la enseñanza y el aprendizaje y que se basa en la recogida continua y sistemática de información sobre el rendimiento de los alumnos mediante diversos instrumentos, sigue basándose predominantemente en instrumentos convencionales -exámenes de papel y lápiz- realizados en fechas preestablecidas, perpetuando una lógica de evaluación centrada en los productos y no en los procesos, en detrimento de una evaluación más formativa, interactiva, cotidiana, centrada en las dificultades de los alumnos, en lo que aún no saben hacer, una evaluación que sea cognitivamente integradora y promueva el aprendizaje y el éxito de todos.
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