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Las evaluaciones civiles administrativas realizadas en virtud de la Ley de ordenación del medio ambiente de 2000 representan potencialmente un instrumento importante para aplicar el principio de "quien contamina paga" en Trinidad y Tabago, ya que hace que los contaminadores deban pagar una indemnización por la degradación del medio ambiente. Sin embargo, se plantea la cuestión de si la medida de indemnización en virtud de la Ley es la pérdida del valor económico total del activo ambiental afectado o si, por el contrario, es el costo de la reparación o la sustitución del activo. Este libro…mehr

Produktbeschreibung
Las evaluaciones civiles administrativas realizadas en virtud de la Ley de ordenación del medio ambiente de 2000 representan potencialmente un instrumento importante para aplicar el principio de "quien contamina paga" en Trinidad y Tabago, ya que hace que los contaminadores deban pagar una indemnización por la degradación del medio ambiente. Sin embargo, se plantea la cuestión de si la medida de indemnización en virtud de la Ley es la pérdida del valor económico total del activo ambiental afectado o si, por el contrario, es el costo de la reparación o la sustitución del activo. Este libro aborda esta cuestión mediante un análisis comparativo entre las disposiciones pertinentes de la Ley y las disposiciones de la legislación de otras jurisdicciones, incluidos los Estados Unidos y el Reino Unido. Las disposiciones legislativas se analizaron en el contexto de la literatura contemporánea sobre metodologías de economía del medio ambiente y teniendo en cuenta la experiencia de diversos tribunales en la aplicación de una legislación similar. El documento concluye que la disminución del Valor Económico Total es la medida correcta de la indemnización en virtud de la Ley de EM, 2000, pero identifica varios puntos débiles y lagunas en el régimen legislativo que deben abordarse mediante la enmienda y la elaboración de políticas apropiadas.
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Autorenporträt
Andrew Dalip, Jr., LL.B. (Hons.), L.E.C., M.Sc. (Distinción) es abogado y registrador de la Comisión de Medio Ambiente de Trinidad y Tabago. Ha trabajado en la esfera del derecho ambiental desde 1999 y su experiencia abarca desde la elaboración de políticas y legislación hasta el enjuiciamiento de las infracciones del derecho ambiental.