El debate sobre el equilibrio entre la falta de un sistema integrado de atención de salud mental basado en la comunidad, la atención obligatoria, los derechos y las libertades individuales en el contexto de las enfermedades mentales graves, no es nuevo. Contiene un equilibrio delicado y cambiante de derechos y obligaciones. Se analiza la evolución de la Ley de Salud Mental de Ontario, ilustrando cómo evolucionó el actual sistema de salud mental, las personas enfermas y no tratadas residen en las comunidades. Se destacan las deficiencias en la aplicación de la legislación de salud mental a situaciones de personas con psicosis persistente, que no colaboran en el tratamiento, que carecen de la visión que los síntomas de la psicosis pueden causar, y que interactúan crónicamente con el sistema de justicia penal. La investigación se centra en una iniciativa interministerial del Gobierno de Ontario: los Comités de Coordinación de Servicios Humanos y Justicia. Esta convergencia única de proveedores de servicios sanitarios, del sistema de justicia penal y de la comunidad, así como de las partes interesadas, han recibido el mandato de reunirse para debatir con sus clientes comunes sobre la prevención, el diseño del sistema, la intervención en crisis/comunidad, las evaluaciones de los tribunales y la gestión de los casos. Se discuten las consecuencias latentes de esta convergencia política.
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