El Programa de Protección a Víctimas y Testigos Amenazados (PROVITA) fue creado formalmente en Pernambuco en 1996, como resultado de una demanda de la sociedad civil organizada en un contexto político específico. La literatura actual sobre el programa, que actualmente se aplica en 18 estados, señala una serie de limitaciones a las que se enfrenta, que tienen como telón de fondo la relación entre las instituciones gubernamentales y no gubernamentales en cuestión. Esta relación oscila entre la asociación y el conflicto, dependiendo del ángulo de análisis. El problema se deriva de la forma de implementación adoptada, que es el acuerdo del Estado con las organizaciones no gubernamentales, por lo que un elemento importante de su gestión reside en los consejos intersectoriales. En este contexto, esta disertación pretende reconstruir los acontecimientos que llevaron a la creación de Provita en Pernambuco, que posteriormente se amplió a todo el país. Luego, teniendo en cuenta los actores involucrados en este proceso, se confrontan las visiones del Estado y de la sociedad civil, examinando en qué medida los problemas enfrentados cotidianamente por el programa involucran la relación entre estos actores en el consejo.
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