El concepto de administración consensuada deriva de la gobernabilidad o capacidad de un sistema político para orientar la distribución de recursos a fin de solucionar un problema de escasez o desabastacimiento que afecte la vida cotidiana de las generaciones actuales o las capacidades de otras generaciones en el futuro. La administración consensuada es un sistema dialógico orientado a la toma de decisiones para administrar los recursos de modo tal que reduzca la huella ecológica sin comprometer las capacidades de otras generaciones en el futuro. La administración consensuada plantea cuatro dimensiones: económica, política, social y ambiental y están indicadas por su grado de eficiencia, igualdad, equidad y balance. La administración consensuada privilegia una relación entre las cuatro dimensiones más que el predominio de una sobre otra.
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