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En la era del BIG DATA, parece cada vez más evidente cómo un algoritmo condicionará cada elección: será un algoritmo el que nos diga lo que está "bien" y lo que está "mal" e, incluso, el mismo algoritmo interferirá en las relaciones sociales, convirtiéndose en la herramienta ("predictiva") por excelencia en las decisiones no sólo privadas, sino también y sobre todo públicas. La digitalización entró en la AP a partir de 2005 y se ha desarrollado progresivamente hasta el punto de ser considerada la herramienta privilegiada en la gestión de las actividades administrativas, siendo indiscutiblemente vista con buenos ojos para la facilitación de procedimientos a veces complejos y engorrosos y la mayoría de las veces repetitivos, en los que la probabilidad de error humano no es ciertamente despreciable. En este contexto, el Juez de lo Contencioso-Administrativo ha intentado paulatinamente regular el uso de los procedimientos robotizados, elaborando un "decálogo" con los criterios de utilización del algoritmo, para que sea legítimo y se ajuste a los principios del ordenamiento jurídico, todo ello, sin embargo, sobre el falso supuesto de la "neutralidad algorítmica" que, al carecer de ella, sólo puede generar desigualdades decisorias e incomprensibilidad motivacional.