A pesar de su carácter excepcional, la detención no está exenta de efectos perjudiciales para la persona afectada, en la medida en que las fuerzas del orden actúan a través de sus prerrogativas de autoridad pública privándola de uno de los derechos fundamentales de la persona, a saber, la libertad de circulación. El daño es aún mayor cuando la persona afectada por la medida es sentenciada antes de la condena. Al elegir este tema, no nos interesaron las detenciones administrativas que se producen fuera del marco de un procedimiento penal para prevenir o combatir los disturbios de orden público, ni las detenciones preventivas dirigidas a una categoría de personas que muestran una cierta rebeldía mental (debilidad, desequilibrio mental grave o locura). Nuestra ambición era más bien analizar el problema de la indemnización por daños y perjuicios causados por la detención preventiva de un acusado absuelto en el derecho positivo ruandés, así como discutir los mecanismos para mejorar la responsabilidad civil resultante de dicha detención. En estos desarrollos, trataremos la privación de libertad de una persona durante el curso de un proceso penal, ya sea en la fase de investigación o en la fase de juicio.
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