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La República de la Unión de Myanmar (antigua Birmania) lleva más de 35 años bajo el gobierno de una junta militar que ha creado una brecha cada vez mayor entre los diversos grupos étnicos. Desde abril de 2016, la democracia popular de Suu Kyi sigue los mismos principios de línea dura en los que los refugiados de etnia rohingya, tradicionalmente de la provincia de Rakhine de Myanmar, están siendo sistemáticamente alienados, perseguidos y privados de sus derechos básicos. India, un laboratorio económico de refugiados, no está dispuesta a aceptar a 40.000 musulmanes rohingya indocumentados que viven en campamentos improvisados en Hyderabad, Jammu, Nueva Delhi, Aligarh, Jaipur y las provincias vecinas del noreste, extendiendo las líneas fronterizas internacionales de Bangladesh y Myanmar. El partido gobernante, Bharatiya Janata Party, sigue aplicando políticas de exclusión para deportar a los rohingyas, en su mayoría musulmanes, por sus presuntos vínculos con la Yihad Islámica, sus actividades en el ISI, su inesperada carga económica y su desequilibrio demográfico. Irónicamente, India no es miembro de las convenciones de la ONU sobre refugiados (1951) ni de los protocolos (1967), por lo que no está obligada a cumplir las leyes sobre refugiados. Los organismos humanitarios y las ONG siguen negociando con la alianza gobernante para que se haga justicia a los rohingyas.