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La cuestión de la inmunidad del Jefe de Estado ha cobrado gran actualidad en los últimos años y ha alimentado innumerables controversias doctrinales. Las recientes iniciativas procesales han permitido reactivar un ámbito que, debido a la escasez de jurisprudencia, estaba en gran medida oscurecido por la doctrina. La concesión de la inmunidad jurisdiccional al Jefe de Estado por el derecho internacional persigue un objetivo de protección cuya justificación sólo puede encontrarse en la posición tan especial que ocupa en su Estado y en la naturaleza de su función. Sin embargo, el horror de las masacres en la antigua Yugoslavia en 1993 y el genocidio ruandés en 1994 llevaron a la creación de los Tribunales Penales para la antigua Yugoslavia y para Ruanda. Estos tribunales ad hoc han hecho resurgir la idea de crear un Tribunal Penal Internacional permanente que proporcione el tratado de la Corte Penal Internacional. Todos estos mecanismos excluyen la inmunidad penal del Jefe de Estado cuando éste es sospechoso de haber cometido actos constitutivos de crímenes internacionales, especialmente crímenes de guerra, agresión, crímenes contra la humanidad y genocidio.
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