Las políticas de contratación pública afectan a todas las instituciones públicas y a los agentes del sector privado para garantizar la rentabilidad, el logro de los objetivos del gobierno, la transparencia, la rendición de cuentas y la utilización juiciosa de los fondos en la adquisición de bienes, obras y servicios. En la mayoría de los países en desarrollo, la promulgación de leyes de contratación pública es una de las estrategias para poner freno a la corrupción que se deriva de la financiación de proyectos. La gestión de las adquisiciones supone un proceso sistemático pero continuo que garantiza la adquisición de materiales y/o servicios de calidad para emprender una producción eficiente que permita seguir siendo competitiva. La contratación pública en Ghana se centra en la rendición de cuentas, la transparencia y la ética y, sobre todo, en la relación calidad-precio en el funcionamiento, la gestión y la presentación de informes de las adquisiciones y la enajenación de activos. Todos los funcionarios públicos deben aplicar sistemáticamente esas políticas y procedimientos, junto con un criterio profesional y una buena gestión. La adquisición pública eficaz de bienes debe entrañar algún tipo de gestión de riesgos, aunque ello no signifique necesariamente que se establezca una estructura oficial de gestión de riesgos. Los cambios tecnológicos, financieros, políticos y organizativos son ejemplos de los riesgos de la adquisición.
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