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El Tribunal de Inversiones y Valores carece de jurisdicción penal sobre los delitos de valores, siendo el mandato constitucional del Tribunal Superior Federal. Por lo tanto, debido a la sobrecarga del género de casos, los expedientes de delitos relacionados con los valores se acumulan en el Tribunal Superior durante años con consecuencias letales. Por lo tanto, este trabajo de investigación analizó las lagunas en las disposiciones de la Ley de Inversiones y Valores de 2007 que afectan a la jurisdicción penal del Tribunal de Inversiones y Valores sobre los delitos contra los valores. El trabajo se centró en los problemas identificados responsables de las lagunas, como son: la inercia legislativa de la Asamblea Nacional, la conspiración de las instituciones fiscales con los políticos para frustrar el estatus de jurisdicción penal del TSI, el conservadurismo del sistema de justicia penal en la grundnorm, y la cuasi autonomía del TSI. La investigación observó que el declive de la inversión debilita el mercado en medio del informe condenatorio del índice del Banco Mundial sobre el cumplimiento de los contratos en Nigeria. El documento sugiere que se vuelva a promulgar urgentemente la ley de IST con imprimátur constitucional para remediar los problemas.