La falta de creación y aplicación de una norma jurídica específica dentro de la legislación ecuatoriana que regule la tenencia de mascotas (perros y/o gatos) ha generado inseguridad jurídica e inseguridad social a la sociedad, dando como resultado el incumplimieto del principio constitucional del derecho al buen vivir o sumak kawsay, en el cual está inmerso el vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.