El proceso de desmovilización y reincorporación a la vida civil que se adelantó con los grupos paramilitares, ha sido, desde sus inicios, motivo de debates, de apoyos y oposiciones, tanto al interior de las fronteras nacionales, como fuera de ellas; países como los Estados Unidos y el Reino Unido, la han enaltecido. No obstante lo anterior, diversas Organizaciones no Gubernamentales y otros organismos independientes la han calificado de favorecer la impunidad de crímenes atroces. A la Ley de Justicia y Paz se le ha dado una infinidad de calificativos: se le ha motejado de ser un instrumento jurídico que propicia el amparo para los autores de masacres, de proteger a terroristas y narcotraficantes, pero también se le ha defendido como camino ineludible hacia la reconciliación, como herramienta para una justicia transicional, que posibilita que muchos combatientes entreguen las armas y se reintegren a la sociedad como ciudadanos de bien. Sin embargo, por mas efectivo que pueda ser el proceso a nivel nacional, en el internacional existe la posibilidad de que por los crímenes perpetrados la Corte Penal Internacional active su competencia.