A partir del año 1993, Venezuela se sumó a la ya extensa lista de países que incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA) dentro de su estructura tributaria. Por ser el IVA un impuesto sobre el consumo, la carga impositiva recae en mayor proporción sobre los estratos de menores ingresos, por lo que se define como un impuesto regresivo. Con el objeto de mitigar el impacto sobre los estratos de menores recursos, el impuesto ha sido objeto de varias reformas desde su creación, que incluyen cambios en la lista de exenciones y la tasa impositiva. Pero estas reformas también han atendido a razones políticas y económicas, principalmente vinculadas a la volatilidad del ingreso petrolero. De la observación de las variables y hechos, resulta evidente que en la modificación a las alícuotas del IVA la política tributaria se ha manejado de forma procíclica, comportamiento habitual en las economías de América Latina y demás países en desarrollo. En este contexto surgen tres preguntas relevantes: ¿cuál es el impacto distributivo que logran las exenciones del IVA?, ¿cuál es el sacrificio fiscal que estas exenciones representan para el Estado? y, ¿cuál es el costo de oportunidad de estos recursos?
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