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A partir de la década de 1970, el repentino aumento de las amenazas para el medio ambiente, unido a una mejora en la forma de entender estas amenazas, provocó un movimiento legislativo sin precedentes. Esta proliferación legislativa afectó a todos los ordenamientos jurídicos, desde el derecho nacional hasta la legislación nacional. Esta plétora legislativa exige a los jueces un trabajo riguroso y meticuloso para descifrar la verdad que se esconde tras ella. Por ello, el juez administrativo está llamado a interpretar estos textos para darles sentido y espíritu con vistas a garantizar la máxima protección del medio ambiente. Está llamado a desempeñar su papel de guardián de la ley y está investido del papel de buen pastor para la aplicación de las leyes de protección del medio ambiente. Mientras que la administración tiene a veces la tentación de descuidar el medio ambiente, el juez está en última línea y no puede sustraerse a las normas medioambientales.