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La entrada en vigor del Estatuto de Roma el 1 de julio de 2002 suscitó grandes esperanzas en la lucha contra la impunidad. Sin embargo, este deseo de la comunidad internacional chocó con África, que señaló que este derecho penal internacional ponía en tela de juicio las inmunidades diplomáticas y jurisdiccionales, base del derecho internacional tradicional. La jurisdicción universal de la Corte Penal Internacional otorga al Fiscal el derecho a procesar a todos los presuntos autores, independientemente de su estatus oficial. Se ha levantado un escudo de críticas ideológicas contra esta forma de justicia universal, debido al procesamiento de Jefes de Estado africanos en activo. El rechazo de esta justicia internacional es cada vez más proclamado por los dirigentes africanos en el seno de sus instancias internacionales. A todos nos preocupa el futuro de esta nueva forma de justicia y los derechos de las víctimas.