La ley ha afectado a casi todas las OSC/ONG, independientemente de su clasificación según la nueva proclamación. La causa fundamental del problema no es básicamente la promulgación de la legislación en sí, sino la clasificación de las organizaciones benéficas y las sociedades y el ámbito de actuación prohibido, como el fomento de los derechos humanos, la promoción de los derechos de los niños y los discapacitados, la igualdad de género, las naciones y nacionalidades, la buena gobernanza y la resolución de conflictos, así como la eficacia del sistema judicial.
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