Entre 1989 y 2003, Liberia se vio envuelta en una prolongada y violenta guerra civil que no sólo provocó la pérdida de vidas humanas, sino que causó daños al frágil medio ambiente. En consecuencia, hubo intervenciones externas, primero por parte de la CEDEAO, que desplegó el cuerpo ad hoc ECOMOG, en agosto de 1990. Posteriormente, en 2003, la ONU desplegó también la UNMIL, con el mandato de estabilizar la situación. Durante y después del conflicto, además de la tala y la deforestación excesivas, hubo una lucha por los recursos naturales, que tuvo un impacto negativo en la seguridad humana al destruir el medio ambiente. Por ejemplo, hubo minería ilícita y contaminación de los recursos hídricos, afectando así a los recursos acuáticos y a la vegetación circundante. Aunque la ONU sancionó los recursos extractivos como la madera, el diamante, el oro y otros, el reto siempre ha sido la aplicación. Parte del problema ha sido que los mandatos de la ONU para las OSP en materia de medio ambiente han sido relativamente débiles. El estudio sugiere que la ONU se asegure de que los Estados miembros apliquen sus sanciones durante las situaciones de conflicto, promoviendo la cohesión, especialmente entre los Estados propensos al conflicto y sus vecinos.
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