El concepto tradicional de víctima como el particular ofendido está seriamente cuestionado no sólo por las exigencias de los pactos internacionales de derechos humanos, sino por la normativa constitucional de nuestros países -como la de Paraguay- que reconoce el derecho de las personas, individual o colectivamente a reclamar medidas concretas a las autoridades para la defensa de sus derechos y de los terceros; en este contexto, emerge la discusión de larga data, pero no menos actual e interesante en la coyuntura actual, sobre el rol de la víctima en el proceso penal, aprovechando la crisis de legitimidad del Ministerio Público y el concomitante crecimiento de una demanda de la sociedad civil que exige transparencia, celeridad y herramientas óptimas que viabilicen un auténtico acceso a la justicia.