El impulso a la participación social en la educación mediante los consejos estatales, municipales y escolares ha sido una constante de la política educativa de Estado en México, la cual es vista como un aspecto clave para la descentralización y democratización del sistema educativo. Sin embargo, no ha logrado consolidarse a pesar de la normatividad, del desarrollo de programas federales que buscan promoverla mediante la asignación de recursos, ni tampoco por la promesa de que a través de la inclusión de la comunidad educativa en la toma de decisiones se obtendrá mayor autonomía, un manejo transparente de los recursos y la construcción de proyectos educativos pertinentes a los contextos en donde se insertan las escuelas. Lo que aquí se presenta es una experiencia de un consejo municipal que -en cierta medida-, a contrapelo del sistema educativo, da cuenta de la potencialidad que tienen los espacios para la participación en comunidad dirigida al mejoramiento de sus escuelas y, en general, de la educación.