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Esta obra del profesor Allan R. Brewer-Carías sobre La patología de la Justicia Constitucional, es la tercera edición ampliada del libro que con el mismo título se publicó en 2007 (primera edición) por la Editorial Investigaciones Jurídicas/ Editorial Jurídica Venezolana, San José, Costa Rica 2012, 596 pp.; y en 2013 por el European Research Center of Comparative Law, Bissendorf, Niedersachsen, Alemania 2013, 588 pp. (segunda edición), en el cual el autor ha recopilado diversos estudios aislados destinados a analizar las enfermedades de la justicia constitucional que han afectado el ejercicio del control de la constitucionalidad de las leyes, con particular referencia a Venezuela; Los estudios que conforman el libro se han agrupado en seis partes, destinadas a analizar: primero, las actuaciones del Juez Constitucional respecto del control de las Asambleas Constituyentes; segundo, las actuaciones del Juez Constitucional en materia de control de constitucionalidad de las reformas a la Constitución; tercero, la usurpación del poder por el Juez Constitucional con ocasión del ejercicio del control de constitucionalidad de las leyes; cuarto, la actuación del Juez Constitucional en relación con el control de constitucionalidad del régimen político y del sistema de gobernó democrático; quinto, la actuación del Juez Constitucional en contra del principio democrático; sexto, los avances y carencias de la actuación del Juez Constitucional en la protección de los derechos humanos; y séptimo, el bizarro desarrollo de mecanismos de control de constitucionalidad de las sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para calificarlas como "inejecutables," o para excluir a los Estados de su jurisdicción, y la aparición en paralelo de algunos signos de patología de la justicia convencional. La enfermedad de la justicia constitucional ha sido particularmente grave en Venezuela, al punto de que ha afectado al propio Estado, convirtiéndose, la justicia impartida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, en un instrumento utilizado por el Poder Ejecutivo, del cual se sirve para moldar la justicia de acuerdo con lo que sus órganos necesiten para la ejecución de ciertas políticas estatales, así éstas sean contrarias a la Constitución, y particularmente cuando se ha necesitado de una "interpretación" de la misma o de leyes, para torcerlas, en forma acorde, no con la Constitución, sino con la decisión política del Ejecutivo de que se trate. En consecuencia, por la vía de la interpretación constitucional vinculante, el texto fundamental venezolano ha sido objeto de múltiples mutaciones, por ejemplo, para centralizar competencias que eran exclusivas de los Estados de la Federación; para eliminar el principio de la alternabilidad republicana dando paso a la reelección indefinida; para asegurar el financiamiento de las actividades electorales de los partidos; para impedir la revocación popular del mandato del Presidente de la República; para instalar en el ejercicio del Poder Ejecutivo a funcionarios no electos; para revocar el mandato de diputados y alcaldes; para admitir el proselitismo político de los militares en la Fuerza Armada; en fin, para asegurar el absurdo e improcedente "control de la constitucionalidad" de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para declararlas como "inejecutables;" y todo ello, generalmente a petición de los propios abogados del Estado.
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